el hormiguero

Me enteré de este proyecto a través del podcast de cine 00Podcast. El Cosmonauta es una película de la que acabo de hacerme productor por sólo 2 € (soy el 1383). A cambio mi nombre saldrá en los títulos de créditos y me mandan algo de merchandising.

Hay varios aspectos que hacen especial a esta película, que está todavía en fase de recaudación de fondos:

• Crowdfunding. La película se financia con la aportación de cualquier persona interesada en participar.
• Creative Commons. Todos los contenidos de la película estarán licenciados bajo Creative Commons. Cualquiera puede distribuirla, copiarla, remezclarla o utilizar alguna de sus partes gratuitamente.
• Distribución por Internet. La película se estrenará en Internet de forma gratuita y en HD.
• Transparencia. Todas las actuaciones de los responsables del proyecto (modelo de negocio, etc.) son públicas.

¿Y cómo se consigue que esto sea rentable? Pues recibiendo aportaciones desinteresadas, eliminando intermediarios, mediante la venta de productos relacionados… en definitiva, con imaginación y haciendo un uso inteligente de las nuevas tecnologías.

Es una estupenda muestra de cómo mirar hacia adelante, de cómo inventar y descubrir la forma en que se harán o deberían hacerse las cosas en el futuro, prescindiendo de empresas intermediarias que han dejado de ser necesarias y compartiendo la creación para uso y disfrute general. Seguro que ahora a todos se nos ocurre pensar en esos llorones trasnochados que prefieren exigir derechos en fase de extinción antes que mirar a su alrededor y descubrir que el mundo en el que viven ya no es territorio para sus negocios caducos. Espero que esto haga daño de verdad a todas las SGAEs y empresas intermediarias del negocio de la cultura. Porque esto sí es el principio de su fin, mucho más que lo que ellos llaman piratería.

¿Quiénes son “los internautas”; esa horda de energúmenos de la que tanto de habla últimamente?

Los internautas llevan a la calle la protesta contra Ángeles González-Sinde (elmundo.es).

Los internautas esperan un gesto del Ejecutivo (abc.es).

Los internautas saldrán este viernes a la calle para “defender sus derechos” (20minutos.es).

Los internautas exigen la dimisión de Sinde por su “diarrea legislativa” (libertaddigital.com).

Los internautas sostienen que la defensa de los derechos de autor no puede colocarse por encima de otros… (elpais.com).

Las frases anteriores están extraídas de las publicaciones de diversos diarios online en los últimos días. Es difícil decidir si el uso que se hace en ellas del término “internauta” es o no correcto, ya que la palabra no está en el diccionario. Si nos atenemos a la etimología de este neologismo, significaría más o menos “persona que navega en Internet”.

Los periodistas que escribieron, por tanto, dichas frases, son internautas, así como los/as destinatarios de las mismas. La penetración de Internet en España es del orden del 60%. Es decir, se está hablando de una mayoría de la población.

El conflicto internautas-gobierno por el anteproyecto de ley sobre economía sostenible parece estar tratándose como la lucha sectaria de un grupo de frikis de la informática. Parecería incluso que se dice los “internautas” como un eufemismo de “partidarios de la piratería” o “ciberdelincuentes”. ¿Si el problema estuviera relacionado con el uso de las playas o de los parques públicos, hablarían los medios de “los playeros” o “los que van a los parques”? Claro que no.

¿Está mal usado entonces el término “internautas”? No, por supuesto; lo que está mal es suponer (si es que se hace) que el conflicto afecta a un colectivo determinado. Internet es de todos/as y para todos/as. Y si su uso no es universal es más debido a dificultades de acceso por diversos motivos que a un supuesto carácter sectario de sus usuarios. Que una “comisión de expertos” elegida a dedo suspenda a un sitio web puede afectar especialmente a quien visita ese sitio, pero es una injusticia universal, no un problema de unos pocos. Porque ese sitio está para cualquiera, no sólo para quienes salieron el viernes a protestar.

No es un conflicto frikis vs. gobierno; es más bien “ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución” vs. “defensa de la propiedad intelectual”. Que el gobierno defienda la propiedad intelectual, pero que no sea a costa de los derechos de los ciudadanos, porque Internet no es un capricho de intelectualoides y tramposos.

Los internautas somos todos. Viva Internet.

Se llama Pepe y baila flamenco con el grupo Media Luna de Pinos Puente (Granada). Pero su parecido con Nick Drake es notable:

Lo vimos bailar junto a la catedral de Granada con motivo del Día de los Gitanos Andaluces, el pasado 22 de noviembre. Publicar estas fotos me ha parecido una buena forma de comentar, de paso, que ésta es la forma como los artistas se ganan la vida: actuando.

Y recordar, una vez más, que la música es inherente al ser humano, y no desaparecerá jamás; ni en cinco ni en cien mil años. Desaparecerá el negocio de la distribución y venta de grabaciones musicales en disco tal como lo conocemos. No basta con tener derechos de autor para vivir y tumbarse a descansar; es como si un arquitecto pretendiese cobrar cada vez que alguien entra en los edificios que diseñó. Loquillo dice estar hasta los cojones de que se tenga esta visión tan nefasta de los músicos. Yo no sólo la tengo, además lo he puesto en mi lista negra de indeseables a los que no compraré ni un single más, junto a Ramoncín y Pau Donés, entre otros.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia”